Las organizaciones feministas que estamos luchando por una Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por violación justa y reparadora, consideramos que existen tres mínimos necesarios que deben garantizarse: 1) La responsabilidad de la denuncia de violación debe estar en el sistema de salud, no en las sobrevivientes; 2) No se debe contemplar plazos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, debe considerarse el tiempo de las sobrevivientes para identificar el embarazo y acceder al sistema de salud; sobre todo de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y; 3) Se debe regular la objeción de conciencia para garantizar que no se obstruya los derechos de las sobrevivientes de violación.

Se puede decir que alrededor de un 80.95% de las 21 sobrevivientes de violación que acompañamos para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo por violación no habrían podido acceder al servicio, considerando los plazos restrictivos que se proponen en el informe de mayorías.