El presente trabajo analiza la penalización del aborto en Ecuador desde una perspectiva crítica, considerando la teoría del bien jurídico, el principio de mínima intervención penal, la proporcionalidad y el fin de la pena.
A partir de una revisión histórica del tratamiento normativo del aborto en los códigos penales ecuatorianos, se evidencia que la criminalización ha respondido a valores ideológicos como la moral o el honor, más que a la protección efectiva de derechos fundamentales. Se argumenta que esta sanción resulta desproporcionada, vulnera el principio de última ratio y no ofrece límites al poder punitivo.
El texto concluye que el Derecho Penal no es un mecanismo legítimo ni adecuado para regular el aborto y que su mantenimiento perpetúa el control estatal sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes.
